El Pleno del Congreso convalida la conocida como ‘Ley Rider’

El Pleno del Congreso ha convalidado los tres reales decretos-leyes debatidos sobre la ‘Ley Rider’, la prórroga de los ERTE y las ayudas a autónomos y las medidas para paliar los daños causados por la borrasca ‘Filomena’.

‘Ley Rider’, defensa del empleo y borrasca ‘Filomena’

El objeto de esta norma es proteger a los trabajadores de entornos digitalizados, así como regular la relaciones laborales por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Para ello, propone una nueva redacción al artículo  64.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la que se reconoce el derecho del comité de empresa a conocer el funcionamiento de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial «que afecten a las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles». De igual forma, presenta una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto cuando la empresa ejerza la organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio.

El Real Decreto-ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocido como ‘Ley Rider’,  ha quedado convalidado con 195 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones.

El Congreso ha aprobado igualmente con 294 votos a favor, 1 en contra y 52 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-ley sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, cuya tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia ha sido rechazada con 166 votos a favor, 178 en contra y 3 abstenciones.

Aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 27 de mayo, este texto contiene las condiciones para la prórroga de los ERTE, hasta el 30 de septiembre de 2021. El real decreto-ley materializa el acuerdo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, departamento encabezado por Yolanda Día, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, departamento dirigido por José Luis Escrivá, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

Este real decreto-ley también prorroga las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones. De igual manera, se mantienen las prestaciones extraordinarias para quienes no pueden desarrollar su actividad con normalidad.

Igualmente, se ha convalidado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca «Filomena». Se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia por 151 votos a favor, 186 en contra y 10 abstenciones. Esta norma habilita partidas presupuestarias de hasta 509,5 millones de euros para aliviar los deterioros consecuencia la borrasca «Filomena» que puedan ser cubiertos mediante las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, el texto amplía las ayudas a otros episodios de naturaleza catastrófica acaecidos entre los días 1 de abril de 2020 y 30 de junio de 2021, que estarían exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De igual forma, la norma abre la puerta a posibles bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social, que se concretarían en una orden ministerial posterior. También prevé que los autónomos que estuvieran percibiendo alguna bonificación y causaran baja a consecuencia de la borrasca no perderían el derecho a la bonificación. Por último, el texto establece un régimen de ayudas a corporaciones locales y entidades locales para la recuperación de las zonas siniestradas.